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Los sistemas de videovigilancia con fines de control laboral se amparan en el artículo 20.3 del Estatuto de los trabajadores donde se especifica que:

El empresario puede optar a las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad, y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad.

Para implementar cámaras de videovigilancia en un negocio, el autónomo debe respetar una serie de premisas:

Premisas a tener en cuenta para la instalación de cámaras de videovigilancia

– La instalación de cámaras de videovigilancia o de cualquier dispositivo que permita la captación de imágenes de trabajadores requerirá siempre y sin excepción alguna que el empresario informe previamente de manera expresa, precisa, clara e inequívoca a los interesados y sus representantes sobre la existencia, localización y las características particulares de dichos sistemas. Es decir, no es necesario el permiso del trabajador, solo el aviso al mismo.

– Las grabaciones de estas cámaras solo podrán ser almacenadas durante un mes y solo el empresario y el persona de seguridad encargado tendrá acceso de estas grabaciones. Salvo que un juez lo dictamine o haya una investigación en curso).

– La captación de imágenes deberá responder exclusivamente a la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como las instalaciones.

En ningún caso se pueda hacer uso de las imágenes para fines diferentes a aquellos para los que fue autorizada su instalación.

En ningún caso se admitirá la captación de imágenes para el control directo ni indiscriminado de los trabajadores. Por tanto, no se admite la instalación de cámaras de videovigilancia en los lugares de descanso o esparcimiento como vestuarios, aseos, comedores, entre otros.

– El empresario también deberá informar de forma expresa y precisa a sus trabajadores y representantes de los mismos sobre los derechos de información, acceso, control de tratamiento, rectificación y cancelación de los datos.

– Queda prohibida la grabación de audio de las conversaciones de los trabajadores.

Todo ello partiendo de la base de que la toma de imágenes de personas, por medios digitales, es un dato de carácter personal. Por ello, se le aplican las garantías de derechos fundamentales como a la intimidad, a la imagen, al honor o al derecho de la protección de datos que deben respetarse siempre, también en el ámbito laboral.

Las grabaciones sirven como prueba en juicios

En España, con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 119/2022, del 29 de septiembre de 2022, se ha dado por válida la utilización de grabaciones de vídeo como prueba en un caso de despido improcedente ya que:

1. Las cámaras se usaron para comprobar un hecho aislado, concreto, flagrante y en base a una sospecha concreta.

2. La instalación y la utilización de las imágenes captadas fue una medida:

  • Justificada: porque había sospechas
  • Necesaria: porque no había otra medida menos invasiva
  • Proporcionada: no estaban en zonas de descanso, ocio o de carácter reservado, sino en un lugar visible tanto para el trabajador como para los clientes del establecimiento.

3. Se había informado previamente al trabajador de la existencia de dichos sistemas de grabación.

En este caso, sí valen como prueba en un juicio por despido improcedente.

 

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